El ministro de Fomento, José Blanco, cree firmemente en las bondades de la colaboración público-privada. Prueba de ello es que ya ha iniciado un plan de concesiones de infraestructuras por valor de 17.000 millones de euros.
Y ahora estudia tomar una iniciativa similar, pero referida al sector inmobiliario, para poner en el mercado decenas de miles de pisos en alquiler de entre 50 y 90 metros y por un precio máximo de 375 euros al mes. Según fuentes parlamentarias, el análisis gubernamental de la medida partiría de la buena disposición de Blanco.
En concreto, Fomento ve con buenos ojos una propuesta de CiU que el extinto Ministerio de Vivienda dejó en remojo hace meses y de la que el actual ministro ha “tomado nota”, como él mismo ha reconocido. Se trata de la construcción privada de un parque de viviendas en alquiler que gestionaría el Estado.
Los promotores no tendrían que comprar suelo, sino que construirían las viviendas y la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) explotaría los arrendamientos durante un periodo de entre 10 y 25 años. A cambio, los promotores –concesionarios de esos alquileres– cobrarían un canon mensual.
La rentabilidad, según CiU, podría llegar al 6,5%. Al vencer la concesión, los inmuebles volverían a manos de los propietarios, que podrían terminar de rentabilizar la inversión vendiéndolos o prorrogando los alquileres.
De esta forma, la SPA sacaría un concurso para construir varios miles de viviendas (CiU lo cifra ahora en 25.000) que deberían estar listos 30 meses después de sus adjudicaciones. “Esto puede ayudar mucho a la recuperación sin aplicar recursos del Estado inmediatamente”, asegura Pere Macías, diputado de CiU y autor intelectual de la medida.
Este plan ya se plasmó en una proposición de ley aprobada por el Congreso de los Diputados el 15 de septiembre de 2009. La SPA estudió la medida pero no llegó a materializarla. Ahora Fomento estaría dispuesta a retomarla –no en vano, el PSOE votó a favor de la medida–. CiU volvió a plantearlo el martes y Blanco se lo apuntó y le afeó al PP que no propusiera medidas tan atractivas –a su juicio– como las de CiU.
“A las empresas les vendría muy bien, porque al tener garantizado el pago de alguien tan solvente como el Estado, podrían titulizar los créditos, gracias a los ingresos por alquiler que les daría la SPA, en lugar de tener que recurrir al crédito hipotecario, cuyo grifo está más cerrado”, agrega Macías. Verbigracia: “El plan sería financiable”.
“Es una buena noticia que Fomento haya asumido la idea, que además ya cuenta con el estudio que hizo el Ministerio de Vivienda. Es la hora de pasar a la acción. La iniciativa público-privada se puede aplicar también a la vivienda, y no sólo a las infraestructuras. Y además beneficiando de paso a las entidades financieras”, enfatiza Macías.
De hecho, la idea seminal es que estas viviendas se construyan sobre suelos de los bancos o de los promotores, “que no valen prácticamente nada hoy en día, porque no tienen expectativas”. Con esta reactivación “aumentarían su valoración”, subraya.
¿Se podrían incluir los pisos del stock de promotores y bancos? “Sí, pero lo principal sería dar empleo, dar negocio y dar pisos en alquiler, protegidos o no”. Además, según CiU, si la SPA gestiona bien las concesiones, el modelo se podría extender a otros operadores solventes (organismos públicos o grandes empresas).
Una de las principales bazas que jugarían a favor de Fomento es que este plan aplazaría su posible impacto en el déficit público. La preparación del programa de concesiones y de sus respectivos pliegos necesitaría varios meses. Además, el periodo de construcción y puesta en servicio de las viviendas se establecería en 30 meses. Así, los alquileres no serían una realidad antes de 2014.
Fuente: Expansión (09/12/2010)
El ministro de Fomento, José Blanco, cree firmemente en las bondades de la colaboración público-privada. Prueba de ello es que ya ha iniciado un plan de concesiones de infraestructuras por valor de 17.000 millones de euros.
Y ahora estudia tomar una iniciativa similar, pero referida al sector inmobiliario, para poner en el mercado decenas de miles de pisos en alquiler de entre 50 y 90 metros y por un precio máximo de 375 euros al mes. Según fuentes parlamentarias, el análisis gubernamental de la medida partiría de la buena disposición de Blanco.
En concreto, Fomento ve con buenos ojos una propuesta de CiU que el extinto Ministerio de Vivienda dejó en remojo hace meses y de la que el actual ministro ha “tomado nota”, como él mismo ha reconocido. Se trata de la construcción privada de un parque de viviendas en alquiler que gestionaría el Estado.
Los promotores no tendrían que comprar suelo, sino que construirían las viviendas y la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) explotaría los arrendamientos durante un periodo de entre 10 y 25 años. A cambio, los promotores –concesionarios de esos alquileres– cobrarían un canon mensual.
La rentabilidad, según CiU, podría llegar al 6,5%. Al vencer la concesión, los inmuebles volverían a manos de los propietarios, que podrían terminar de rentabilizar la inversión vendiéndolos o prorrogando los alquileres.
De esta forma, la SPA sacaría un concurso para construir varios miles de viviendas (CiU lo cifra ahora en 25.000) que deberían estar listos 30 meses después de sus adjudicaciones. “Esto puede ayudar mucho a la recuperación sin aplicar recursos del Estado inmediatamente”, asegura Pere Macías, diputado de CiU y autor intelectual de la medida.
Este plan ya se plasmó en una proposición de ley aprobada por el Congreso de los Diputados el 15 de septiembre de 2009. La SPA estudió la medida pero no llegó a materializarla. Ahora Fomento estaría dispuesta a retomarla –no en vano, el PSOE votó a favor de la medida–. CiU volvió a plantearlo el martes y Blanco se lo apuntó y le afeó al PP que no propusiera medidas tan atractivas –a su juicio– como las de CiU.
“A las empresas les vendría muy bien, porque al tener garantizado el pago de alguien tan solvente como el Estado, podrían titulizar los créditos, gracias a los ingresos por alquiler que les daría la SPA, en lugar de tener que recurrir al crédito hipotecario, cuyo grifo está más cerrado”, agrega Macías. Verbigracia: “El plan sería financiable”.
“Es una buena noticia que Fomento haya asumido la idea, que además ya cuenta con el estudio que hizo el Ministerio de Vivienda. Es la hora de pasar a la acción. La iniciativa público-privada se puede aplicar también a la vivienda, y no sólo a las infraestructuras. Y además beneficiando de paso a las entidades financieras”, enfatiza Macías.
De hecho, la idea seminal es que estas viviendas se construyan sobre suelos de los bancos o de los promotores, “que no valen prácticamente nada hoy en día, porque no tienen expectativas”. Con esta reactivación “aumentarían su valoración”, subraya.
¿Se podrían incluir los pisos del stock de promotores y bancos? “Sí, pero lo principal sería dar empleo, dar negocio y dar pisos en alquiler, protegidos o no”. Además, según CiU, si la SPA gestiona bien las concesiones, el modelo se podría extender a otros operadores solventes (organismos públicos o grandes empresas).
Una de las principales bazas que jugarían a favor de Fomento es que este plan aplazaría su posible impacto en el déficit público. La preparación del programa de concesiones y de sus respectivos pliegos necesitaría varios meses. Además, el periodo de construcción y puesta en servicio de las viviendas se establecería en 30 meses. Así, los alquileres no serían una realidad antes de 2014.
Fuente: Expansión (09/12/2010)
