Una generación está en peligro. Para ellos, la crisis no será larga, sino casi eterna. La mayoría son treintañeros y, además de la edad, tienen otro aspecto en común: en plena burbuja compraron una vivienda que no han podido pagar. En una subasta pública, la entidad financiera que les concedió el préstamo se ha quedado con ella, generalmente por el 50% del valor en que fue tasada.
La pérdida del piso ha sido un auténtico trauma. No obstante, ahora padecen otro aún mayor: le siguen debiendo dinero a la caja o banco. Su deuda es equivalente a la suma de tres factores: la diferencia entre el importe del préstamo pendiente y el valor de la vivienda en la subasta, los intereses de demora y las costas judiciales. Para cobrarla, la entidad se dirigirá contra otros bienes presentes y futuros. Si no los tienen pero disponen de una nómina, embargará una parte de ella. En la mayoría de las ocasiones, el impago se debe a la pérdida del empleo de los prestatarios o a una espectacular reducción de sus ingresos. Es decir, a la mala suerte, ya que ni ellos, ni las cajas, ni los bancos, ni casi nadie fueron capaces de aventurar la profundidad y duración de la actual crisis.
Para solucionar el problema, no me parece conveniente la sustitución por ley de las hipotecas made in Spain por las americanas, ya que las haría más caras y reduciría su número. Tampoco veo adecuado que la diferencia entre el precio actual de la vivienda y el importe pendiente de la hipoteca sea sufragada íntegramente por las entidades financieras, porque complicaría aún más la supervivencia futura de numerosas cajas y de algún banco, retrasando de forma considerable la normalización del mercado de crédito.
La excepcionalidad de la situación exige que el Gobierno adopte medidas extraordinarias de limitada duración. Debería perdonar la deuda pendiente a todas las familias afectadas por las más de 250.000 ejecuciones hipotecarias acontecidas desde principios del 2008. Además, establecer un plazo limitado para que cualquier prestatario mediante la dación en pago pueda saldar la totalidad de su deuda. Desgraciadamente, en la actualidad hay numerosas familias que están en trámite de ejecución hipotecaria o a punto de dejar de pagar su préstamo.
En compensación, las entidades financieras recibirían de la Administración en varios años capital equivalente a la pérdida imputada. Dada su actual situación, de forma irremediable los ciudadanos les vamos a donar ya sea de forma oculta o visiblemente un elevado volumen de dinero. De esta manera, una parte de estos ingresos irían destinados a los más desfavorecidos por la crisis. Por una equivocación o por mala suerte, no podemos perder a una generación. En materia económica, todo el mundo se merece una segunda oportunidad.
Fuente: Gonzalo Bernardos (El Periódico)
